El Gobierno nacional está acelerando su estrategia de privatizaciones de cara al cierre del año, con foco en áreas de energía y transporte. Con procesos ya iniciados y otros próximos a lanzarse, la administración busca avanzar en concesiones que considera claves para la eficiencia operativa y la llegada de nuevas inversiones.

Entre los expedientes más adelantados se destaca Enarsa, cuya privatización comenzó en julio e incluye la venta de unidades de negocio vinculadas a parques eólicos y centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. El proceso ya dio uno de sus pasos principales con la concesión de cuatro represas del Comahue —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila—, por un total cercano a los US$ 685 millones.

Otra de las áreas donde el Ejecutivo avanza con velocidad es Corredores Viales, la empresa que administra más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. El nuevo esquema, denominado Red Federal de Concesiones, ya adjudicó su primer tramo por 20 años y apunta a generar un ahorro estimado en US$ 6.100 millones.

La Hidrovía Paraná–Paraguay, por donde circula el 90% de las exportaciones agroindustriales, es una de las privatizaciones más relevantes. Tras la fallida licitación inicial, el Gobierno trabaja en un nuevo pliego que debería adjudicarse a mediados de 2026, incorporando modificaciones consensuadas con gobernadores, cámaras y organismos técnicos.

En el sector aeronáutico, Intercargo —empresa encargada de los servicios de rampa— transita el proceso de venta del 100% de su paquete accionario. Entre los interesados figura el grupo francés Alyzia, con experiencia en el aeropuerto Charles de Gaulle de París.

Para los primeros meses de 2026 también se espera el lanzamiento de la privatización de Belgrano Cargas y Logística, que posee más de 7.600 kilómetros de vías en 16 provincias. El esquema contempla la venta de material rodante, concesiones por 50 años y un modelo de acceso abierto para facilitar la competencia entre operadores.

En el ámbito de los servicios públicos, el Gobierno prepara la privatización de AySA, cuya venta del 90% accionario podría concretarse en el primer trimestre de 2026. La empresa ya opera bajo un nuevo marco regulatorio y un esquema de reducción progresiva de subsidios.

También se encuentra en agenda la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales Atucha I y II y Embalse. El Estado mantendría el 51% de las acciones, mientras que el 44% quedaría habilitado para inversores privados. El proceso enfrenta, sin embargo, cuestionamientos judiciales.

Finalmente, el Gobierno avanza con la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en sociedad anónima, un paso previo para su futura privatización. La empresa afronta un fuerte déficit operativo y busca atraer capital privado mediante un esquema mixto.

Con estas iniciativas, la administración Milei sostiene que busca mejorar la eficiencia, reducir el gasto público y al mismo tiempo generar condiciones para inversiones que permitan modernizar sectores clave de la economía.