Tras semanas de debate público y la circulación de borradores que generaron apoyos y críticas, el Gobierno nacional presentó el proyecto definitivo de la nueva “Ley de Libertad Educativa”, una iniciativa de 43 páginas que propone derogar la normativa educativa vigente desde 2006. El objetivo central, según la presentación oficial, es otorgar a las familias un rol más activo, ampliar las modalidades de enseñanza y reforzar los mecanismos de transparencia en el sistema.

La propuesta reconoce de manera formal la educación en el hogar, una práctica existente pero no regulada. El texto habilita “formas alternativas de enseñanza”, entre ellas el homeschooling dirigido por los padres o tutores, quienes podrán impartir contenidos directamente o delegar el rol en terceros designados. Quienes opten por esta modalidad deberán inscribirse en el sistema educativo y rendir evaluaciones obligatorias para acreditar aprendizajes.

Otro eje relevante es la incorporación de instrumentos de financiamiento por demanda, como vales, becas o créditos fiscales dirigidos a las familias, con el fin de garantizar la libre elección de institución. Aunque la palabra “voucher” no aparece en la redacción, el esquema representa un cambio profundo respecto del modelo de financiamiento actual, que se distribuye directamente a las escuelas.

En materia de participación familiar, el proyecto crea los Consejos Escolares de Padres en todas las escuelas estatales. Estos organismos tendrán funciones de asesoramiento y supervisión, y podrán intervenir en procesos de contratación o remoción de directivos. La iniciativa también plantea que las funciones de dirección escolar deberán contar con una formación específica orientada a la gestión institucional.

Un punto central del proyecto es la habilitación para publicar los resultados de pruebas estandarizadas por institución, algo prohibido por la legislación vigente. La información será difundida anualmente en un portal público, con la intención de que las familias puedan tomar decisiones informadas. Críticos del proyecto advierten que esto podría profundizar desigualdades o derivar en rankings escolares.

El texto incluye además la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una prueba voluntaria para estudiantes que finalizan el nivel secundario en todas sus modalidades. Evaluará contenidos de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades, y podrá ser rendido también por egresados de años anteriores. Si bien no será obligatorio para obtener el título, el Gobierno sostiene que servirá como indicador para universidades y empleadores.

El proyecto también prevé una evaluación docente periódica, cada cuatro años, aunque sin detallar los instrumentos o consecuencias. Este punto generó inquietud en sectores sindicales, que consideran que podría convertirse en un mecanismo de presión.

En el nivel superior, el proyecto incorpora un esquema de auditoría externa para universidades públicas, a cargo de la AGN, la SIGEN y el Ministerio de Capital Humano. Las instituciones deberán reforzar sus mecanismos internos de transparencia.

Finalmente, la versión presentada deja afuera dos puntos que habían generado fuertes cuestionamientos: la educación religiosa en escuelas estatales y la obligación de igualar el financiamiento estatal entre escuelas públicas y privadas.