Luego de más de 11 horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la modificación de la Ley de Glaciares, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y posiciones enfrentadas entre oficialismo y oposición.

La iniciativa fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, logrando así el respaldo necesario para avanzar con una reforma que introduce cambios en los alcances de la normativa vigente desde 2010.

El proyecto redefine la protección de los glaciares y zonas periglaciales, al tiempo que flexibiliza ciertas condiciones para el desarrollo de actividades productivas, especialmente vinculadas a la minería.

El oficialismo y sus aliados defendieron la iniciativa al sostener que permitirá armonizar la protección ambiental con el desarrollo económico y la generación de inversiones en las provincias.

En ese sentido, destacaron que la reforma no modifica el principio de resguardo de los glaciares, sino que busca clarificar criterios y otorgar mayor participación a las provincias en la toma de decisiones sobre sus recursos naturales.

Por el contrario, desde la oposición cuestionaron duramente el proyecto y advirtieron sobre posibles consecuencias ambientales. Legisladores señalaron que la norma podría implicar un retroceso en la protección de ecosistemas clave y alertaron sobre una eventual judicialización.

Durante el debate, también se plantearon distintas mociones para incorporar otros temas a la sesión, aunque ninguna logró el respaldo necesario para ser tratada.

El tratamiento legislativo estuvo atravesado por una fuerte tensión política y reflejó la división de posturas en torno a la relación entre desarrollo productivo y preservación ambiental.

Con la sanción de esta ley, se abre una nueva etapa en la regulación de los recursos naturales en Argentina, en medio de un debate que continúa generando repercusiones a nivel político y social.