El Gobierno nacional presentará este miércoles en el Congreso un proyecto de reforma electoral que incorpora modificaciones de peso en el sistema político argentino. Entre los principales ejes se destaca la implementación de Ficha Limpia, una iniciativa que busca impedir que personas con condenas por corrupción puedan ser candidatas a cargos electivos.

El proyecto establece que quedarán excluidos de las listas electorales quienes hayan sido condenados por delitos vinculados a la corrupción, como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito.

Además, la iniciativa fija criterios específicos sobre la aplicación de las inhabilitaciones. Según el texto, la prohibición para presentarse a elecciones se aplicará únicamente en aquellos casos donde la condena haya sido confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral.

En caso de que la confirmación de la condena ocurra durante el año electoral, es decir después del 1° de enero, la inhabilitación tendrá efecto una vez finalizado el proceso electoral correspondiente.

El proyecto también contempla que las personas alcanzadas por estas condenas no podrán ocupar cargos públicos de relevancia, como Jefe de Gabinete, ministros, secretarios, autoridades de organismos descentralizados o directores de empresas con participación estatal.

Otro de los puntos centrales es la creación de un registro público, que estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral, donde se incluirán las sentencias confirmadas en segunda instancia vinculadas a estos delitos.

La propuesta forma parte de una reforma más amplia que también incluye la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento de la política, temas que serán debatidos en el ámbito legislativo en las próximas semanas.