El PAMI informó la baja de más de 1.500 prestadores de distintos niveles en todo el país luego de detectar irregularidades graves vinculadas a cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y deficiencias edilicias incompatibles con las condiciones exigidas para la atención de afiliados.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), encabezado por Esteban Leguízamo, junto al Ministerio de Salud de la Nación.

Detectaron irregularidades en auditorías nacionales

Según detalló el organismo, las bajas surgieron a partir de auditorías permanentes realizadas sobre prestadores médicos y centros de atención en distintas provincias.

Entre las principales irregularidades detectadas figuran:

• Cobros indebidos.
• Facturación de prestaciones inexistentes.
• Falta de documentación respaldatoria.
• Historias clínicas incompletas.
• Deficiencias edilicias y sanitarias.

Desde PAMI señalaron que el objetivo es garantizar “prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado”.

El caso investigado en Tucumán

Uno de los casos más relevantes corresponde al policonsultorio Sanarte S.R.L., ubicado en San Miguel de Tucumán. La auditoría detectó múltiples incumplimientos administrativos y sanitarios.

Entre las observaciones más graves se encontraron:

• Falta de habilitación municipal actualizada.
• Legajos profesionales incompletos.
• Demoras de hasta 21 días para turnos médicos.
• Consultas y estudios sin respaldo documental.
• Historias clínicas sin firma ni sello profesional.

Además, se detectó un sistema de turnos “cada un minuto” bajo modalidad por orden de llegada, considerado incompatible con una atención médica adecuada.

Denuncia penal en Chaco

El segundo caso involucra a un médico prestador de la UGL XIII de Chaco, donde se detectaron inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

Tras considerar insuficientes los descargos presentados, el organismo resolvió rescindir el contrato y avanzar con una denuncia penal para determinar posibles delitos vinculados al funcionamiento del sistema prestacional.

Controles más estrictos en el sistema

Desde noviembre de 2025, PAMI impulsa un proceso de fiscalización más amplio que derivó en varias causas judiciales por presuntas estafas con órdenes médicas electrónicas falsas y facturación irregular.

El organismo también implementó nuevas herramientas de control, entre ellas:

• Monitoreo permanente de prestaciones.
• Uso obligatorio del turnero digital.
• Auditorías continuas.
• Penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.