El Gobierno nacional dispuso modificaciones en el sistema de selección y designación de jueces, fiscales y defensores públicos mediante la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial.

La iniciativa tiene como principal objetivo acelerar la cobertura de vacantes existentes en la Justicia nacional y federal, una situación que, según el Poder Ejecutivo, afecta el funcionamiento de los tribunales y prolonga los tiempos de resolución de las causas judiciales.

La normativa introduce cambios en los decretos 222/2003 y 588/2003, que regulaban los mecanismos de preselección y evaluación de candidatos para distintos cargos judiciales.

Entre las modificaciones más importantes, se eliminan algunas instancias administrativas previas a la nominación presidencial, incluyendo mecanismos de observaciones ciudadanas y procedimientos que el Gobierno considera superpuestos con las etapas de evaluación que posteriormente realiza el Senado de la Nación.

A partir de ahora, cuando se produzca una vacante en la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo deberá publicar durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia los antecedentes y datos curriculares de los postulantes considerados para ocupar el cargo.

Asimismo, los candidatos deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales y documentación relacionada con posibles conflictos de intereses, incluyendo vínculos con sociedades, asociaciones civiles, estudios jurídicos y clientes con los que hayan mantenido relación durante los últimos ocho años.

El Senado mantendrá su rol constitucional como organismo encargado de otorgar o rechazar los acuerdos necesarios para la designación de magistrados. Según argumentó el Ejecutivo, será en esa instancia donde continuarán garantizándose los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana mediante audiencias públicas y el análisis de los pliegos.

Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) seguirá interviniendo en el proceso mediante la elaboración de informes sobre la situación impositiva y previsional de los postulantes, aunque deberá emitirlos en un plazo máximo de cinco días.

Desde el Gobierno sostuvieron que la reforma apunta a eliminar trámites innecesarios y etapas duplicadas para dotar de mayor rapidez y eficiencia al sistema de designación de magistrados, en un contexto marcado por la existencia de numerosas vacantes en distintos tribunales del país.