El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos de Entre Ríos continúa avanzando a tres meses de su implementación. Según los datos oficiales, 6.306 personas se inscribieron hasta el momento para intentar reorganizar sus compromisos financieros y reducir el peso mensual de sus deudas.

Del total, 2.921 personas ya recibieron una respuesta a su solicitud, lo que representa aproximadamente el 46% de los inscriptos, por operaciones que en conjunto alcanzan los 14.515 millones de pesos.

Además, otro 40% de las solicitudes permanece en trámite, por lo que se espera que el número de casos resueltos continúe aumentando a medida que avance el análisis de la documentación.

¿En qué consiste el programa?

La iniciativa fue lanzada en mayo por el Gobierno de Entre Ríos, junto al Banco Entre Ríos, con el propósito de ofrecer una alternativa a trabajadores y jubilados que mantienen diferentes compromisos financieros.

El mecanismo permite cancelar y unificar deudas vigentes contraídas con bancos, financieras, mutuales, cooperativas y otras entidades, reemplazándolas por un nuevo esquema de financiamiento.

Entre las principales condiciones anunciadas se encuentran una tasa fija del 60%, un plazo de devolución de hasta 72 meses y la posibilidad de acceder a hasta dos meses de gracia.

El objetivo es que quienes tengan varias obligaciones puedan concentrarlas y lograr una cuota mensual más manejable.

Hay 776 personas que no calificaron

Los datos oficiales muestran que 776 solicitudes, equivalentes al 16%, no califican para ingresar al programa debido a la situación que presentan los solicitantes como deudores ante el Banco Central.

En tanto, otros 2.609 inscriptos permanecen en diferentes etapas de evaluación. Algunos deben completar documentación y otros continúan bajo análisis.

También pueden acceder trabajadores privados

Un punto importante es que el programa no está destinado exclusivamente a empleados de la Administración Pública Provincial y jubilados provinciales.

Según la información difundida, el 21% de los inscriptos corresponde a personas que no son empleados públicos provinciales ni jubilados de la provincia.

De esta manera, el alcance incluye también a trabajadores del sector privado, además de empleados públicos y jubilados que cumplan con las condiciones establecidas.

Con esta herramienta, el Gobierno provincial busca facilitar el ordenamiento de las finanzas personales, reducir el peso de las cuotas y ofrecer una alternativa para quienes acumularon diferentes obligaciones financieras.