El Gobierno nacional avanzó con nuevas medidas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes cuya soberanía reclama la Argentina.

A través del Decreto 868/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este viernes en el Boletín Oficial, se establecieron nuevos mecanismos de control y se designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.

La decisión se conoció después del mensaje en cadena nacional del Presidente, en el que anunció un endurecimiento de las medidas frente al avance de proyectos petroleros desarrollados sin autorización argentina.

Cancillería tendrá a su cargo los procedimientos

Uno de los principales cambios está relacionado con el mecanismo para investigar posibles infracciones.

Los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional deberán comunicar a Cancillería cualquier hecho que pueda representar una violación de la normativa.

Tendrán un plazo máximo de cinco días hábiles administrativos desde que tomen conocimiento.

A partir de esa información, Cancillería evaluará si existen elementos suficientes para iniciar un sumario.

Una vez notificada, la persona o empresa investigada dispondrá de 10 días hábiles administrativos para realizar su descargo y presentar pruebas.

Posteriormente, la autoridad de aplicación contará con otros 10 días hábiles para resolver el expediente, de acuerdo con los plazos previstos por la reglamentación.

Las sanciones que contempla la legislación

La Ley 26.659 establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina debe contar con autorización de las autoridades nacionales.

También establece prohibiciones para quienes participen directa o indirectamente o presten servicios a emprendimientos que desarrollen esas actividades sin autorización.

Entre las consecuencias previstas aparecen inhabilitaciones por períodos de entre cinco y 20 años.

La legislación contempla además, en determinados casos, la reversión de concesiones hidrocarburíferas al Estado nacional o a las provincias correspondientes.

Nuevos requisitos para ingresar al RIGI

Otro punto importante del decreto está relacionado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Las empresas que pretendan obtener los beneficios del RIGI deberán presentar una declaración jurada relacionada con el cumplimiento de la legislación argentina sobre las actividades hidrocarburíferas alcanzadas por la Ley 26.659.

La declaración deberá establecer que tanto la sociedad como las personas humanas o jurídicas con participación directa o indirecta no realizan ni realizarán las actividades prohibidas por esa normativa.

Además, antes de aprobarse una solicitud de adhesión al RIGI, será obligatoria la intervención de Cancillería para determinar si el proyecto o alguno de sus integrantes se encuentra alcanzado por las prohibiciones.

También alcanzará a permisos y concesiones petroleras

Los nuevos controles no estarán limitados a las grandes inversiones.

Quienes soliciten permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con hidrocarburos también deberán presentar una declaración jurada manifestando que no participan ni participarán de las actividades prohibidas.

Cuando se trate de sociedades, la declaración comprenderá además a quienes tengan participación directa o indirecta en ellas.

Las medidas comienzan a regir este sábado

Las disposiciones establecidas mediante el Decreto 868/2026 entrarán en vigencia este sábado 5 de septiembre.

El Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de responder frente a la continuidad y profundización de actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes sin autorización argentina.

De esta manera, el Ejecutivo comenzó a trasladar al plano administrativo algunas de las medidas anticipadas por Javier Milei durante su mensaje en cadena nacional sobre la cuestión Malvinas.