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Provinciales
No se podrá develar el diagnóstico del cura Marcelino Moya
El juzgado de Garantías de Villaguay denegó el planteo de la querella para que se levante el "secreto profesional". Los abogados apelaron esta resolución. Moya regresó a María Grande
El juez de Garantías y Transición de
Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el pedido para que se pudiera
concretar una medida probatoria clave en la causa penal que tiene como
único imputado al cura Marcelino Moya, denunciado por abusos sexuales en
la década del 90. Los abogados querellantes Juan Pablo Cosso y
Florencio Montiel, representantes de la dos víctimas-denunciantes,
impulsaron un planteo para que se releve del secreto profesional a dos
médicas: la jefa del Servicio de Infectología del hospital San Martín,
Adriana Bevacqua, y a la médica tratante del acusado, Laura Díaz
Petrussi. Al no hacer lugar al planteo, decisión avalada por la fiscal
Nadia Benedetti, el magistrado echó por tierra la posibilidad de
escuchar el testimonio de las profesionales quienes intervinieron en el
tratamiento de Moya mientras estuvo internado en la sala de Clínica del
nosocomio paranaense.
Según se
informó desde la querella, el revés a la petición se fundamentó en que
"primaba el derecho a la intimidad y a la confidencialidad". La
resolución gener ados, sino también entre las víctimas, porque
consideran que dicha declaración podía constituirse en un indicio para
determinar que el cura padece una enfermedad de transmisión sexual. "Es
una información fundamental porque indicaría que mientras se desempeñó
en el clero tuvo una vida sexual activa y quiere decir que estamos ante
un sacerdote que debe cumplir con el celibato desde el momento de su
ordenación. El secreto profesional también es pasible de ser levantado
bajo la responsabilidad del médico si existe una causa penal que se
ampare en la doctrina del mal mayor", formuló el abogado Juan Pablo
Cosso,
En esta línea, la
querella respondió con una apelación a la negativa de esta medida
probatoria, al tiempo que se espera un informe pericial psicológico
practicado las víctimas que deben enviar profesionales de Rosario. "La
decisión del juez nos defraudó muchísimo, incluso la fiscal no nos ha
acompañado", reprochó el abogado.
***
Moya volvió a María Grande
Después
de haber recibido el alta médica, Marcelino Moya regresó a María
Grande, su último lugar de residencia desde que la Iglesia lo suspendió
en su función sacerdotal. La información fue confirmada a UNO por la
titular de la Unidad Fiscal de Villaguay, Nadia Benedetti. El exvicario
estaría viviendo en la casa de su madre, mientras se recupera de una
larga internación producto de una patología infectocontagiosa, según ha
dejado entrever la querella.
La
fiscal Benedetti se ha encargado de aclarar en todo momento que el
estado de salud de Moya no representa un hecho de interés para la causa,
aunque está esperando el resultado del informe de un médico forense que
versará sobre el cuadro clínico del sacerdote. Una vez que tenga el
estudio podrá determinar el momento en que se le practicaría la pericia
psicológica.
Desde que se abrió
la causa judicial en su contra, por dos denuncias promovidas en 2015 por
un médico y un estudiante de Derecho, el cura solamente fue examinado
por un médico forense. Allí se dictaminó que puede comprender la
criminalidad del acto y dirigir sus acciones. De todos modos, la pericia
psicológica versará sobre otros puntos, tales como el psicodiagnóstico
general acerca de la estructura de su personalidad, si posee tendencia a
fabular y cómo afectó en su vida cotidiana el hecho denunciado.
Tampoco
se puede descartar un escenario en que el imputado se abstenga de
realizar el examen o que directamente responda a la citación y cuando
se entreviste con los profesionales no diga nada, se indicó desde la
Unidad Fiscal. Por lo pronto, en materia de prueba pendiente esta
dependencia aguarda un informe de un tribunal eclesiástico.
El
expediente contra el sacerdote payador es por el delito de corrupción
de menores agravado, cometido en forma reiterada, cuya pena es de 10 a
15 años de prisión, por hechos que habrían ocurrido entre 1994 y 1997.
Fuente: UNO
Fuente: UNO
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