"Mientras hablo estamos removiendo a miembros de bandas, criminales, vendedores de droga", afirmó el presidente de EE.UU. Pero autoridades migratorias mexicanas, señalaron que sólo 6,4% tienen historial delictivo.

Las autoridades migratorias mexicanas desmintieron con cifras las afirmaciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump según las cuales la mayoría de los deportados son criminales.
"Mientras hablo estamos removiendo a miembros de bandas, criminales, vendedores de droga", afirmó Trump anoche en su discurso sobre el Estado de la Unión en una sesión conjunta ante el Congreso de Estados Unidos.

Sin embargo, un informe del Instituto Nacional de Migración (INM), que depende del ministerio de Gobernación (interior) mostró que de los 11.328 mexicanos deportados entre 1 y el 26 de febrero de 2017, sólo en 723 casos (6,4%) se trató de personas acusadas por crímenes como tráfico de drogas, secuestro, violencia o posesión de armas.
Aún más: dentro de ese pequeño porcentaje, se incluyen casos de violencia doméstica, posesión de droga, y delitos menores.

El resto, 10.605 personas (93,6%) fueron deportadas por entrar sin documentos a Estados Unidos, incurrir en faltas administrativas o falsificar documentos, señaló el INM.
Las cifras desmintieron que la mayoría de los deportados sean pandilleros o narcotraficantes o personas que representen "un riesgo para la seguridad de Estados Unidos", como lo señala una y otra vez el magnate.
Los datos del INM proceden de la ficha que entrega su contraparte de Estados Unidos, la Agencia de Migración y Aduanas (ICE) y no de una evaluación hecha por las propias autoridades mexicanas.
Desde su campaña, Trump ha señalado que México envía a Estados Unidos sólo a "criminales, violadores y narcotraficantes y supongo que también a gente buena", lo que ha generado una ola de indignación en este país.

En las últimas semanas, desde que asumió Trump la presidencia, el 20 de enero pasado, se han multiplicado las redadas en vecindarios, centros de trabajo e inclusive a las afueras de iglesias para "cazar" a indocumentados.
Dos recientes memorandos firmados por John Kelly, el nuevo Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, prevén otorgar facultades migratorias a los agentes de la policía local.
Sin embargo, alcaldes de las llamadas "Ciudades Santuario", la mayoría demócratas, se han rehusado a aceptar esta encomienda por lo que el presidente Trump dio a conocer una orden ejecutiva para recortar los subsidios que otorga a sus condados
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El tema podría llevarse a los tribunales pues los alcaldes de grandes ciudades como Los Angeles, Nueva York o Chicago están en abierto desacuerdo con estas sanciones y han subrayado su compromiso de seguir apoyando a los indocumentados.
El propio John Kelly estuvo en México hace unos días donde dio garantías de que no se realizarán repatriaciones masivas y que no se militarizará la frontera, ante la versión de que Trump podría echar mano de los 100.000 elementos de la Guardia Nacional para realizar acciones migratorias.

Al referirse a las redadas de hace tres semanas en 6 estados, sobre todo en el sur de California, donde hay una gran comunidad de indocumentados latinos, Trump dijo a través de Twitter que "la represión contra los clandestinos criminales no es más que la aplicación de mi promesa de campaña".
"Estamos sacando a los miembros de bandas criminales, a los traficantes de droga, y a otros", afirmó pero organismos de derechos civiles han dicho que muchos de los más de 300 inmigrantes detenidos a principios de febrero "no eran traficantes de drogas, miembros de bandas ni criminales". La "definición" de criminales "es lo suficientemente amplia para cubrir casi a cualquiera que vino a este país para sobrevivir, para alimentar a sus hijos o para huir de la violencia y la persecución", indicó la ONG neoyorquina Make the Road. Fuente: (Ansa).-