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Festival de sobresueldos: la grieta se cerró otra vez
Al igual que con los aumentos de salarios, el cobro de miles de pesos por pasajes trascendió colores políticos.
Nuevamente la realidad le pega una cachetada a miles de argentinos. Mientras muchos sindicatos cierran paritarias con techo, y otros tantos trabajadores llevan adelante medidas de fuerza, en el Congreso nacional los legisladores viven una realidad paralela. No sólo cobran mucho más que cualquier mortal de nuestro país -90 mil pesos diputados y 120 mil pesos senadores, en mano- sino que además obtienen cuantiosos beneficios por su posición privilegiada de representar el voto de miles de personas.
En una Nación donde un tercio vive en la pobreza, la indigencia asusta y el hambre golpea fuerte a miles de hombres, mujeres y niños, hay diputados que se llevaron en 2017 más de 300 mil pesos en sobresueldos. Un auténtico festival, derivado del canje de pasajes aéreos y terrestres, que al no ser usados pueden ser cambiados por dinero en efectivo.
El sistema es una auténtica maquinaria de descontrol y despilfarro de fondos públicos, diseñado con el aval de todos: del oficialismo y de la oposición, de los de antes y de los de ahora, de los que hablan en nombre de los pobres -esos serían todos- y de los que rasgan las vestiduras endilgándose ser "la voz del pueblo" -esos serían también todos de nuevo-.
En resumen, cada legislador, tenga o no sesión, cuenta por mes con 20 pasajes de avión y 20 de colectivo. Sobre ellos nadie pregunta. Puede usarlos el diputado o senador, el secretario del diputado o senador, el hermano, la mamá, el amigo del amigo del empresario amigo que lo ayudó a hacer lobby de una norma en el Congreso. Todo en silencio, todo en complicidad. Cada ticket aéreo, de no ser usado, puede canjearse por $3.401 en el Senado o $1.350 en Diputados; mientras que cada pasaje terrestre puede cambiarse por $240 en Senadores -10 como máximo en ese caso- y $650 en Diputados. Eso permite que cada legislador se haga un sobresueldo de 70 mil pesos en el caso de la Cámara Alta, y unos 40 mil en la Cámara Baja, por mes.
Como se diera cuenta durante el último fin de semana a través de una investigación periodística, a la hora de cobrar los pasajes la grieta se cerró. Ni siquiera existió. Así al tope de la tabla aparece Elisa Carrió -famosa además por sus reiteradas ausencias al Congreso-, con un total de $355.800; le siguen el justicialista Alberto Roberti -igual cifra-, Nilda Garré, exministra kirchnerista y actual diputada -353.100-; la legisladadora PRO Paula Urroz -$349.260- y el radical Miguel Ángel Bazze -$340.730-. Un dream team del cobro por atrás de cinco camisetas distintas, más allá de la ocasión en que Cambiemos nuclee a tres de ellos -Carrió, Urroz y Bazze-.
La segunda parte de la tabla también está variada, y va desde Héctor Recalde -exjefe de la bancada kirchnerista con $327.800- hasta Margarita Stolbizer -$251.480-, pasando por Emilio Monzó -presidente de la Cámara, del PRO -$323.5300-, Diego Bossio -$279.055-y Nicolás Massot -$260.310-.
De nuevo, la bofetada va y viene. En un país donde los que deben garantizar leyes asumen prometiendo igualdad se manejan con una impunidad asombrosa, cobrando cifras siderales que nadie controla. Hay honrosas excepciones, como diputados de la izquierda, que coherentes con su discurso, no cobran los pasajes. Dignos de destacar, en un país donde todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros.







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