La polémica comenzó cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó en el Congreso que el Estado aporta 130 millones de pesos para las "remuneraciones a los funcionarios eclesiásticos". El debate y las críticas no tardaron en llegar, por lo que ahora la Iglesia analiza alternativas para renunciar a ese aporte. Referentes de la Iglesia Católica se reunieron en Pilar y comenzaron a estudiar alternativas de financiamiento. Sin embargo, la respuesta no llegará en el corto plazo. Según publicó diario Clarín, entre las alternativas que rondaron el debate de los obispos figuran: - La creación de un llamado "impuesto al culto" como existe en Alemania, donde el contribuyente destina una suma a su religión. - El direccionamiento del contribuyente de una parte de los impuestos a su religión (o a la ayuda social), como sucede en España e Italia. - El fomento de las donaciones mediante el sistema de desgravación vigente combinado con una mayor conciencia de aporte de los fieles. Actualmente los obispos diocesanos perciben una asignación mensual de 46.800 pesos, mientras que para los obispos auxiliares y los eméritos, el monto asignado llega a los 40.950 pesos. El aporte estatal de 130 millones de pesos por año representa cerca del 7% del presupuesto de la Iglesia Católica en todo el país. Cada vez más obispos se platean la conveniencia de renunciar al aporte del Estado para "consolidar una imagen de independencia". Claro que ello les exige una condición previa: contar con los fondos que reemplacen a los aportes estatales.